Ruben Adalberto Pron
El 13 de diciembre de 2013 el Tribunal Oral Federal de Tucumán que llevaba adelante uno de los juicios por la verdad sobre lo ocurrido durante la dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976, emitía las sentencias por el secuestro y desaparición de más de doscientas personas entre las que se contaba la Alicia Raquel Burdisso, de 24 años, oriunda de El Trébol.
Los casos analizados correspondían exactamente a 214 víctimas del terrorismo de Estado, hasta donde se sabe todas asesinadas en la Jefatura de Policía de la capital tucumana y en el Arsenal Militar Miguel de Azcuénaga, en las afueras de esa ciudad.
Entre los acusados se contaban ex militares, ex policías, ex gendarmes, un ex empleado civil del Ejército, dos civiles más y un sacerdote.
Por el asesinato de Alicia –periodista, dirigente sindical, estudiante de Letras, presidenta de la sección tucumana de la Unión de Mujeres de la Argentina (UMA) y miembro del secretariado provincial del Partido Comunista– fueron condenados catorce represores, algunos de ellos con prisión perpetua.
Alicia Burdisso había nacido en El Trébol el 8 de marzo de 1952 y su madre, Dora Rolotti, murió cuando ella tenía 4 años, por lo que quedó al cuidado de su tía Cecilia, partera, casada con Casimiro David Páez. Su hermano Alberto, cuatro años mayor, también se crio en la casa de los Páez de bulevar América y cortada Chubut con sus primos David y Mirta, pero siguió viviendo con su padre, José Jorge Burdisso, a quien llamaban Pinoto, a poco más de media cuadra, en la cortada Colonial.
Cuando Alicia egresó de la escuela José Ingenieros, con la promoción 1969, decidió trasladarse a San Miguel de Tucumán donde vivía su prima Mirta, para estudiar periodismo. Se había asomado a la profesión formando parte de los jóvenes que en El Trébol publicaban Semana Gráfica y la experiencia la había entusiasmado. Y más aún: a esa carrera sumó la de Letras al tiempo que trabajaba como empleada de la repartición pública que proveía el agua potable en la capital norteña.
Esas actividades la vincularon con la participación sindical, lo que la llevó a afiliarse a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y ser elegida delegada por sus compañeros de oficina.
También se incorporó a la militancia política en las filas del Partido Comunista, donde ya activaban su prima Mirta en Tucumán y su hermano David en Rosario.
Instalada la dictadura de 1976, las bajas que el PC venía sufriendo desde la puesta en marcha del Operativo Independencia, hicieron que Alicia se viera de pronto llamada a ascender rápidamente en la jerarquía partidaria para cubrir los cargos que dejaban sus compañeros secuestrados o asesinados y pasó a formar parte del secretariado provincial de esa expresión política.
Paralelamente, pasó a encabezar la seccional Tucumán de la Unión de Mujeres Argentinas (UMA), una de las organizaciones satélites del PC. En esa tarea también se desempeñó como corresponsal de Aquí Nosotras, la revista vocera de esa entidad, y de Nuestra Palabra, la publicación oficial del Partido Comunista argentino.
Secuestro y desaparición
Jefatura de Policía de Tucumán, el nombre de Alicia
entre los de los desaparecidos.
Alicia fue secuestrada a plena luz del día el 21 de junio de 1977 cuando, habiendo concluido su jornada laboral, atravesaba el Parque 9 de Julio de la capital tucumana para concurrir a clases en la Facultad de Letras de la UNT, en el otro extremo del paseo. Su prima Mirta se inquietó al día siguiente cuando notó que esa noche no había regresado al departamento en que vivían, pero todas las averiguaciones realizadas fueron infructuosas: Alicia había desaparecido y nadie se hacía responsable por ello.
Fue vista días después en una celda de la Jefatura de Policía tucumana por otro detenido clandestino confinado en el calabozo de enfrente. Enflaquecida y lastimada, mostraba signos inequívocos de las torturas a que había sido sometida. Aun así, comunicándose por señas con su compañero de infortunio, le hizo saber que creía que los iban a poner a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, una forma de ser “blanqueados” y escapar así de una muerte segura.
Quien la vio en el cautiverio fue Luis René Núñez, un ex militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, también secuestrado como ella. Pero sorprendidos ambos en su intercambio silencioso, fueron duramente castigados y Núñez retirado del lugar.
Él tuvo mejor suerte y tiempo después fue liberado. Su testimonio fue decisivo para que en el juicio realizado en 2013 catorce represores recibieran condenas que iban desde los diez años de cárcel hasta la prisión perpetua.
La pena máxima le cupo al ex jefe de Inteligencia de la Policía tucumana, Roberto Heriberto
Albornoz (a) El Tuerto, y a sus colegas Ricardo Oscar Sánchez y Luis Armando De Cándido.
Dieciséis años les correspondieron a los ex policías Juan Alberto Abraham, Oscar Humberto Gómez, Félix Insaurralde, Antonio Esteban Vercellone y Ángel Custodio Moreno y al ex militar Camilo Ángel Colotti.
Con quince años de prisión fue penado el ex policía Guillermo Agustín Ugarte, catorce le correspondieron al ex policía Miguel Chuchuy Linares y a diez años de cárcel fueron sentenciados los ex policías María Luisa Acosta de Barraza y Pedro Joaquín Pasteris y el ex militar Edgardo Ocaranza.
El Tuerto Albornoz, uno de los más feroces represores del Tucumán de aquellos años, murió en su casa el 15 de agosto de 2019, beneficiado tres años antes por una resolución que le permitió mutar en prisión domiciliaria la condena que cumplía en la cárcel de Villa Urquiza.
Con su partida se llevó a la tumba el secreto del paradero de los restos de Alicia Burdisso, cuyo nombre figura con la sigla “DF” (Disposición Final, o sea ejecutada y ocultada en algún lugar aún no descubierto) en una planilla rescatada del lugar que ocupaba en 1977 la Jefatura de Policía de Tucumán.
Pero el nombre de Alicia perdura en el corazón de quienes la conocieron.
Hasta que en 2012 se inauguró el Lugar de Memoria en el rebautizado Parque Municipal 15 de Enero, algunos claveles solían verse junto a la placa que en el cementerio de El Trébol recuerda a los fallecidos de la promoción 1969 de la ex Escuela de Comercio. Y ahora su nombre perdura en el cenotafio del ex Predio Ecológico y en la designación de la cortada que vincula las calles Dorrego y Belgrano entre José Hernández y Arturo Tibaldo en el barrio Passo, impuesto por la ordenanza 1158 sancionada el 8 de junio de 2017.
