La Legislatura santafesina resolvió este jueves la suspensión preventiva del fiscal adjunto del MPA en San Jorge, Diego Gustavo Rodríguez y Barros, mientras avanza el proceso disciplinario en su contra por una presunta falsa denuncia de robo.
La decisión fue tomada en una sesión conjunta de ambas Cámaras, presidida por la vicegobernadora y titular del Senado, Gisela Scaglia.
El cuerpo legislativo trató los dictámenes elevados por la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, en el marco de los procedimientos disciplinarios que alcanzan tanto a Rodríguez y Barros como al fiscal adjunto de la 4° Circunscripción Judicial, Leandro Darío Benegas.
En primer término, las y los legisladores definieron suspender el trámite disciplinario contra Benegas por la causal de eventual comisión de un delito doloso. El proceso quedará congelado hasta que la Comisión de Acuerdos considere que existen nuevos elementos derivados del avance judicial que justifiquen su reanudación.
Luego, se trató la situación de Rodríguez y Barros. La Legislatura aprobó su suspensión preventiva con una reducción del 50% de su salario, por el tiempo que dure el procedimiento disciplinario. Además, se estableció la prohibición expresa de que ingrese a cualquier dependencia del Ministerio Público de la Acusación mientras se extienda la medida.
La denuncia que desató el proceso disciplinario contra el fiscal de San Jorge
A Rodríguez y Barros se le atribuye haber presentado presuntamente una denuncia falsa por el robo de neumáticos, para lograr que la aseguradora de su vehículo repusiera ambos elementos. Según el auditor Leandro Mai, la compañía habría advertido directamente al MPA sobre la maniobra.
El dictamen también menciona que el fiscal llegó tarde a una audiencia argumentando que había roto un neumático en el trayecto, pero ese mismo día se habría radicado una denuncia ante la aseguradora por el supuesto robo de dos ruedas.
La presidenta de la Comisión de Acuerdos, Lionella Cattalini, marcó públicamente la gravedad de la acusación si llegara a comprobarse. Afirmó que el proceso está en curso y que la conducta señalada no solo involucra un posible acto fraudulento, sino un problema institucional mayor porque implica a un funcionario cuya tarea es investigar a otras personas. En sus palabras, se trataría de “un mal ejemplo hacia la sociedad”.
El descargo del fiscal: negaciones y críticas al proceso
En diálogo con AIRE, en el programa CREO, Rodríguez y Barros negó de manera categórica los hechos que se le imputan. Ante la consulta directa sobre si le robaron o no las ruedas del auto, respondió: “La respuesta es no, no es cierto lo que se está diciendo”. Rechazó entonces la interpretación que se analiza en la Comisión de Acuerdos: “No sucedió una falsa denuncia. No hubo un choque. Eso es lo que dicen, pero no lo que sucedió”.
En ese sentido, ratificó que realizó un reclamo a su aseguradora, pero remarcó que “nunca la compañía hizo una denuncia”. También cuestionó la hipótesis sobre un intento de obtener un beneficio económico: “Los funcionarios públicos tenemos muy buenos sueldos como para afrontar la compra de ese tipo de elementos”, mencionó.
Otro de sus planteos apuntó a la falta de información formal en su contra. Señaló que no existe un proceso abierto que contenga una acusación precisa y criticó que, aun así, se hayan difundido datos personales: “Desde el inicio se brindan mis datos y los de otros fiscales. Eso no tendría que ser revelado hasta que las personas no sean responsabilizadas como corresponde. Lo único que me enteré fue por los medios periodísticos”, dijo.
Fuente: Aire de Santa Fe
